Cuando hablamos de ordenar el territorio, también debemos ordenar los intereses
Por: Manuel Nolazco
“Si queremos superar el clientelismo, la impunidad y los privilegios, debemos comenzar por garantizar que nadie tenga tanto poder como para que las reglas puedan hacerse a su medida.”
Ante el debate sobre el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bávaro–Punta Cana, considero necesario llevar la reflexión más allá de la necesidad de planificar el crecimiento.
El clientelismo, la debilidad institucional, la impunidad, la corrupción y la falta de planificación territorial han contribuido a muchas de las desigualdades que hoy enfrentamos. Pero también debemos preguntarnos quién participa, quién decide, quién se beneficia y bajo qué reglas se está construyendo el futuro de este territorio.
El ordenamiento territorial NO puede convertirse en una herramienta para legitimar decisiones previamente tomadas ni en una negociación entre intereses particulares.
Se trata de una decisión pública que afectará a trabajadores, comunidades, pequeños propietarios, inversionistas, residentes, visitantes y futuras generaciones.
Por eso, la transparencia debe aplicarse a todos. No se trata de estar contra el empresariado; el desarrollo necesita seguridad jurídica, planificación y reglas claras.
Pero seguridad jurídica no significa tener derecho a decidir el territorio.
Bávaro–Punta Cana necesita información pública, criterios técnicos verificables, participación real de las comunidades, evaluación ambiental y equilibrio entre desarrollo y calidad de vida.
Porque ordenar el territorio también significa ordenar los intereses y garantizar que las reglas sean iguales para todos.
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