“Grabar un operativo dejará de ser motivo para amenazas, golpes o destrucción de celulares.”
Por: Cesar Amadeo Peralta
Durante años, en República Dominicana, muchos ciudadanos aprendieron a tenerle más miedo a grabar un operativo policial que al propio procedimiento.
Bastaba sacar un celular para que algunos agentes reaccionaran con amenazas, empujones, destrucción de equipos o incluso arrestos arbitrarios. Como si documentar una actuación pública fuera un desafío a la autoridad y no un derecho ciudadano.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en agosto de 2026, el mensaje parece ser claro: impedir que una persona grabe una actuación policial o militar sin justificación legal podría costarle cárcel al agente.
La nueva legislación establece penas de entre 15 días y un año de prisión, además de multas, suspensión de funciones y hasta destitución para policías o militares que obstaculicen grabaciones durante allanamientos, arrestos, requisas o desalojos.
Y aunque algunos sectores podrían verlo como una limitación para las fuerzas del orden, en realidad se trata de algo más básico: transparencia y control del abuso de poder.
Porque cuando un agente actúa correctamente, una cámara no debería representar un problema.
Sin embargo, el verdadero reto no será la aprobación de la ley, sino su aplicación. Más de 100 mil miembros entre policías y militares tendrán que adaptarse rápidamente a una nueva realidad jurídica donde el abuso de autoridad ya no será visto como una simple falta disciplinaria.
República Dominicana necesita instituciones fuertes, respetadas y eficientes.
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Escrito por
Redacción PCP
Periodista y colaborador de PuntaCanaPost.com, el periódico digital independiente de Punta Cana, República Dominicana.
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