Por: Genesis Lara
“Un asunto personal de un dirigente gremial dejó a toda una provincia sin docencia; 27 mil estudiantes quedaron fuera de las aulas en el segundo día del año escolar”
BONAO, RD – La primera gran sacudida del calendario escolar no tardó en llegar. Apenas un día después del inicio oficial de clases, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Bonao paralizó la docencia en todos los centros públicos, dejando a más de 27 mil estudiantes sin la oportunidad de continuar su formación.
La medida no responde a una demanda salarial ni a reclamos de condiciones laborales. El porqué es distinto: solidaridad gremial con Raúl Martínez, presidente municipal de la ADP, citado ante los tribunales por una querella de difamación e injuria. El para qué, según los organizadores, es demostrar respaldo absoluto al dirigente.
Pero en el medio queda lo más vulnerable: miles de familias que, tras preparar uniformes, mochilas y esperanzas, ven interrumpida la enseñanza de sus hijos. El qué afecta es contundente: el derecho fundamental a la educación, convertido en moneda de cambio en una lucha que no es académica, sino judicial.
La alerta la marcan padres y autoridades que cuestionan que un proceso legal personal arrastre a toda una comunidad escolar. Mientras tanto, el Palacio de Justicia de Bonao se convierte este martes en escenario de concentración y protesta, y la niñez en víctima indirecta de un pulso entre poder gremial y responsabilidad social.
El año escolar, que recién empieza, ya escribe su primer capítulo de tensiones: una lección amarga sobre cómo la educación sigue atrapada entre intereses cruzados.
