Por: Nathalia Taveras
“Una amenaza dicha al oído podrá pagarse con cárcel y multa; la dignidad de los funcionarios ya es ley.”
SANTO DOMINGO. SD – REPÚBLICA DOMINICANA.A partir del próximo año, la línea entre la libertad de expresión y el delito se tornará más delgada. El nuevo Código Penal, promulgado el pasado domingo por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 74-25, penaliza con prisión de hasta un año las amenazas o expresiones privadas consideradas ofensivas hacia funcionarios públicos.
La pieza legal entrará en vigencia en 12 meses, pero ya levanta polémica. El artículo 310 introduce el concepto de “ultraje” a la función pública, aplicable incluso a palabras o imágenes dirigidas de forma no pública, pero que atenten contra la dignidad de cualquier servidor estatal. Una crítica hecha en un mensaje privado, un dibujo burlón o incluso una queja enviada por escrito podría convertirse en delito.
Las sanciones no son simbólicas. Se contempla prisión de 15 días a un año, y multas de hasta tres veces el salario del funcionario afectado. Este tipo de redacción legal pone en la cuerda floja cualquier expresión crítica, alimentando preocupaciones sobre censura, persecución política y represión del disenso, incluso en entornos íntimos o familiares.
Pero el nuevo código también presenta ajustes en sentido contrario. El artículo 21 introduce una «excusa legal» que reduce las penas de homicidio o agresión cuando exista prueba de provocación previa por parte de la víctima. En estos casos, una pena de hasta 20 años podría quedar en solo cinco, si se demuestra que la violencia fue una reacción.
La combinación de penas endurecidas para quien critique al poder, y flexibilización para quienes reaccionen violentamente ante una provocación, dibuja un escenario legal complejo y preocupante. El equilibrio entre proteger a los funcionarios y garantizar derechos ciudadanos podría convertirse en un campo minado jurídico y político.
