Ley 74-25 Robo famélico ya no es gratis: ley castiga con trabajo duro

La nueva ley penaliza el hurto de comida para sobrevivir, pero con trabajo no cárcel

Karla Silverio
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“El robo de alimentos pasa de invisibilizado a sancionado, pero sin prisión: justicia que busca equilibrio social.”

SANTO DOMINGO. RD – El nuevo Código Penal dominicano ha establecido por primera vez una tipificación específica para el “robo famélico”, que es el hurto de productos de primera necesidad, como alimentos o medicinas, cometidos sin violencia física y para satisfacer necesidades básicas del imputado o su familia. Este delito no será castigado con prisión, sino con trabajo comunitario no remunerado, según la Ley 74-25, que entrará en vigor en agosto de 2026.

Esta innovación legal busca atender una problemática social compleja: muchos dominicanos cometen pequeños hurtos por hambre o necesidad urgente, y la ley intenta evitar la criminalización excesiva de estos casos, privilegiando la reinserción social y la responsabilidad comunitaria sobre el encarcelamiento. Esta medida llega en un contexto de aumento de la inseguridad alimentaria y pobreza en el país.

El Código Penal también incluye sanciones para delitos que aumentan la vulnerabilidad social, como el feminicidio, el ciberbullying, la estafa piramidal y la violencia económica. El robo famélico es un reconocimiento jurídico a una realidad que hasta ahora había quedado fuera del radar penal, con penas proporcionales y un enfoque restaurativo.

Sin embargo, esta disposición ha generado debates en sectores jurídicos y sociales. Algunos consideran que la penalización, aunque suave, podría criminalizar la pobreza y que deberían priorizarse políticas públicas para atender la inseguridad alimentaria. Otros celebran que el Código incluya mecanismos para enfrentar estas conductas sin recurrir a la prisión, lo que podría reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar estigmatización.

El nuevo Código Penal dominicano entrará en vigencia en agosto de 2026, tiempo para que el sistema judicial, las autoridades y la sociedad se preparen para esta nueva forma de justicia, que busca un equilibrio entre la ley y la realidad social de millones de dominicanos.

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