«La reciente muerte de un joven de 17 años en Sabana Grande de Boyá ha vuelto a encender la chispa del debate sobre el uso de la fuerza policial en el país. La Dirección General de la Policía Nacional ha prometido una investigación exhaustiva y ha puesto a disposición del Ministerio Público al agente involucrado».
Alexander Silva, la víctima, fue herido por un disparo en un operativo que supuestamente buscaba a un delincuente, aunque, irónicamente, él no era el objetivo. La lamentación de la Policía suena vacía ante un suceso que podría haber sido evitado. Mientras las autoridades se apresuran a ofrecer declaraciones, la comunidad se encuentra atónita y dolida, cuestionando una vez más la efectividad y la ética de las prácticas policiales.
El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, al frente de la institución, ha asegurado que las acciones irregulares son intolerables. No obstante, el historial de abusos y negligencias plantea un escepticismo palpable entre los ciudadanos. La promesa de análisis balísticos y colaboraciones con el Ministerio Público suena a un discurso repetido que, hasta ahora, ha tenido poco impacto en la realidad.
La tragedia de Alexander es un recordatorio doloroso de que, en medio de la lucha contra la delincuencia, el valor de la vida debe ser prioritario. A la espera de resultados concretos, la comunidad clama por justicia, no solo para Alexander, sino para todos los que han sido víctimas de una violencia institucional que necesita urgentemente una reforma.
