Por: Nathalia Taveras
“Lo atraparon con 10 haitianos en una camioneta oficial: el Estado transportando lo que debe detener.”
MAO. RD – Joely Rafael Ventura Mejía, exdirector provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Dajabón, fue arrestado el pasado 30 de julio. Lo sorprendieron transportando a diez ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular. Lo más grave: viajaban en una camioneta oficial del Estado dominicano. El operativo fue ejecutado por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército en la comunidad de El Junquito, en Mao, provincia Valverde.
El Tribunal de Atención Permanente de Valverde impuso medidas de coerción. Ventura deberá pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una aseguradora. También se le ordenó presentarse de forma periódica durante seis meses y tiene impedimento de salida del país. El proceso judicial apenas comienza, pero ya ha causado un fuerte revuelo en la opinión pública.
Ventura no actuaba solo. Fue detenido junto a Francisco Alberto Mejía, quien también estaba en el vehículo. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la participación específica de este segundo involucrado. Sin embargo, ambos fueron capturados en flagrante delito, lo que complica aún más su situación ante la justicia.
Tras el escándalo, el Ministerio de Obras Públicas reaccionó de inmediato. Emitieron un comunicado en el que desvinculan por completo a Ventura Mejía. También rechazaron cualquier acción que viole las leyes migratorias o implique el uso indebido de recursos estatales. La institución intentó marcar distancia del hecho, pero el daño ya estaba hecho.
Este caso plantea una gran contradicción. Mientras el gobierno refuerza el discurso contra la migración irregular, uno de sus propios funcionarios usa vehículos oficiales para facilitarla. Muchos se preguntan si se trata de un hecho aislado o si estamos ante una red aún más profunda. La justicia ahora tiene la palabra, pero el descrédito institucional ya está en marcha.
