Del castigo a la complacencia la ley de alquileres cambia por presión privada

Cuando la presión viene con corbata, el Congreso se sienta a escuchar.

Karla Silverio
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“Más del 90 % de las críticas del sector privado fueron acogidas, y ahora la ley plantea desalojos en solo 45 días y elimina penas de cárcel para propietarios”.

SANTO DOMINGO. RD – Tras una oleada de críticas de parte de abogados, empresarios, hoteleros, bancos y comerciantes, la Cámara de Diputados ha dado marcha atrás a varias disposiciones polémicas de la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles, aprobada en primera lectura hace apenas un mes. La presión de los sectores económicos surtió efecto: una comisión especial modificó el proyecto para excluir a los propietarios de las sanciones penales y permitir desalojos en tan solo 45 a 60 días en casos de falta de pago.

El presidente de dicha comisión, el diputado Amado Díaz, confirmó que más del 90 % de las observaciones fueron incorporadas. Uno de los cambios más llamativos fue la eliminación de las penas de hasta cinco años de prisión para dueños que desalojaran sin agotar el proceso judicial. Ahora, el tema se redirige a la Ley de la Fuerza Pública, eliminando duplicidades legales.

Otra novedad relevante es la distinción entre viviendas y locales comerciales: los primeros tendrían un procedimiento más rápido de desalojo, mientras que los segundos irían a tribunales ordinarios por sus implicaciones financieras mayores. También se reafirma la naturaleza privada del contrato de alquiler, estableciendo que el Estado solo intervendrá si hay conflicto o incumplimiento grave.

Sobre las objeciones de los bancos, Díaz aclaró que no se impondrá ninguna carga obligatoria, y que el inquilino podrá elegir libremente dónde depositar su dinero, sin que el propietario quede atado a esa decisión.

Aunque la actual legislatura está por cerrar, se espera que el proyecto sea retomado en la primera o segunda semana de la nueva legislatura, a partir del 16 de agosto. La ley se rediseña a favor de los grandes intereses, pero el equilibrio entre derechos y deberes sigue en discusión.

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