El miércoles 14 de agosto, Tailandia se sumió en otra ola de inestabilidad política cuando su Primer Ministro, Srettha Thavisin, fue destituido por la justicia debido a un escándalo ético. Thavisin, quien enfrentaba acusaciones relacionadas con la designación de un funcionario condenado por corrupción, aceptó la decisión del tribunal, afirmando que había liderado el país con integridad durante su mandato de casi un año.
El fallo, decidido por una estrecha mayoría de cinco votos contra cuatro, concluyó que Thavisin había violado la ley al nombrar a Pichit Chuenban, un abogado previamente encarcelado por corrupción, en su gabinete. Esta decisión conlleva la disolución completa de su gobierno, con un viceprimer ministro asumiendo temporalmente el cargo hasta que el Parlamento designe un nuevo líder.
Esta destitución, junto con la reciente disolución del principal partido de la oposición, ha exacerbado las divisiones en un país que ya lidia con constantes intervenciones del poder judicial y militar en su sistema político. Las sentencias recientes han dejado claro que, en Tailandia, el poder judicial, alineado con el establishment militar-conservador, juega un papel decisivo en la configuración del panorama político.
