Por: Genesis Lara
“Filmar no será delito, pero impedirlo sí: los agentes que bloqueen grabaciones enfrentarán cárcel, multas y el escrutinio público, según la nueva reforma penal.”
SANTO DOMINGO, RD – Grabar a un policía durante un arresto ya no será solo un acto de valentía ciudadana: será un derecho protegido por ley. La Cámara de Diputados ha propuesto una modificación clave al Código Penal que establece sanciones de hasta un año de prisión y multas para los agentes que impidan este tipo de grabaciones.
El nuevo artículo 286 busca garantizar que cualquier persona pueda documentar, con su teléfono o cámara, arrestos, registros o allanamientos realizados por miembros de la Policía Nacional o cuerpos militares, siempre que no se interfiera con el procedimiento ni se ponga en riesgo al agente.
La medida llega en un momento en que los abusos policiales han sido expuestos, en gran parte, gracias a videos captados por civiles. Ahora, impedir que alguien grabe puede costarle la libertad al uniformado. La reforma contempla penas desde 15 días hasta un año de prisión menor, y multas equivalentes a uno o dos salarios del agente sancionado. Además, la grabación solo podrá ser publicada con el consentimiento de la persona involucrada.
Pero la propuesta va más allá. También penaliza la revisión de vehículos sin causa probable. Si un agente ordena inspeccionar un carro sin justificación legal, podría enfrentar las mismas sanciones. Si, además, utiliza fuerza excesiva, causa daños al vehículo o intimida al conductor, la pena se eleva hasta dos años de prisión menor, con multas triplicadas.
Este proyecto responde a la creciente presión social por transparencia y control del poder. Con esta reforma, se deja claro: la cámara del ciudadano es ahora una aliada de la justicia, no un enemigo del uniforme. Y quien intente apagar ese lente, podría terminar enfrentando un juicio.
El impacto será profundo en sectores como el periodismo, el activismo y la ciudadanía en general. Todos ganan una herramienta legal más para defender sus derechos y exigir rendición de cuentas. La calle está mirando. Y esta vez, con respaldo legal.
