Por:Nathalia Taveras
“Un niño no puede consentir. Nunca. Bajo ninguna circunstancia.”
SANTO DOMINGO, RD. — “Toda agresión sexual cometida por un adulto contra un menor será sancionada con penas de 10 a 20 años de prisión, independientemente de si hubo penetración o fuerza física demostrada”. Así lo establece el Artículo 133, numeral 2, del nuevo Código Penal dominicano. Esta medida busca cerrar vacíos legales que antes permitían que muchos casos de abuso sexual infantil quedaran sin castigo.
La ley parte de un principio claro: los niños, niñas y adolescentes no pueden consentir actos sexuales. Por eso, cualquier tipo de contacto sexual entre un adulto y un menor será castigado, incluso si no hubo violencia ni penetración. Basta con que se pruebe el acto para que se aplique la sanción.
Esto incluye casos en los que el adulto se aprovecha de la cercanía, la confianza o la autoridad que tiene sobre el menor. Ya no es necesario demostrar que hubo fuerza o amenazas. La ley protege la integridad de los menores partiendo de su vulnerabilidad.
Durante las discusiones en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Catrain, aseguró que este artículo es una herramienta esencial para frenar el abuso infantil. También confirmó que los delitos serán imprescriptibles, lo que significa que las víctimas podrán denunciarlos sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Sin embargo, hay críticas. Organizaciones de defensa de la niñez, activistas y juristas consideran que una pena mínima de 10 años es muy baja. Dicen que un delito que deja traumas para toda la vida no debería tener la misma sanción que un crimen patrimonial. Además, temen que beneficios judiciales reduzcan aún más las condenas.
La abogada Nancy Ramírez lo expresó así: “¿Cómo es posible que tocar a un niño con fines sexuales reciba la misma pena mínima que un robo agravado?”. Algunas propuestas buscaban subir la pena mínima a 15 años, pero no fueron aceptadas. Aunque el artículo es un avance, muchas personas piden una revisión más profunda. Como advierte la psicóloga Clara Grullón:
“Cuando la ley tarda en castigar, también da permiso.”
